La Seccional San Luis de la UDA efectuó una presentación en la audiencia pública, ante la Comisión Parlamentaria de Fortalecimiento Institucional. A continuación transcribimos el texto que acompañó a la misma.
Aportes del Sistema Educativo al fortalecimiento de las InstitucionesResulta ciertamente complicado referirnos a los aportes que puede hacer el sistema educativo al fortalecimiento de las instituciones, no precisamente por falta de ellos, sino su variedad e importancia.
Consideramos que las instituciones se fortalecen en un ámbito de gobernabilidad garantizada, y para ello es importante acordar sobre el significado de esta palabra.
El término “gobernabilidad” admite muchos sentidos, algunos de ellos hasta contradictorios. Para la Comisión Trilateral (Integrada por EEUU, Europa occidental y Japón), que desarrolla una visión conservadora, la gobernabilidad está afectada a una sobrecarga de demandas sociales, con la consecuente incapacidad para cumplirla y la aparición de desconfianza en los políticos y sus instituciones democráticas, “un exceso de democracia significa un déficit de gobernabilidad”.
La estrategia sugerida es también conservadora, disciplinar a través de mecanismos ideológicos o coercitivos a la sociedad, a los efectos de limitar sus demandas. Esta perspectiva es retomada en los documentos de los organismos internacionales de crédito. De ahí vienen las propuestas de “invertir” en la escuela primaria y en las fuerzas de seguridad.
Frente a estas ideas, existen otras opciones, quedando la gobernabilidad no sólo como un asunto de ingeniería en el ámbito de las cúpulas, sino como un proceso más complejo donde deben interactuar un conjunto de actores. Desde esta visión la gobernabilidad estaría cuestionada principalmente por la “crisis de representatividad”, que si bien todavía no ha cuestionado al sistema democrático, si lo ha hecho con los procedimientos usados para la elección de representantes. En muchos países latinoamericanos las personas son ciudadanos sólo en el momento en que votan.
En este sentido, gobernabilidad es equivalente al desarrollo de un marco democrático que suponga amplia participación de sectores populares en la resolución de problemas que plantea la crisis y la reestructuración productiva y social. Por consiguiente, la educación se convierte en un gasto para asegurar la vigencia de un derecho humano, en un marco de equidad educativa.
Para expresar con mayor claridad nuestra idea de fortalecimiento institucional, en un marco de gobernabilidad, comenzaremos con referencias sobre nuestra historia reciente.
El estado post social La incipiente globalización de los fines de los 80, con las presiones de los propietarios de los medios de producción para aumentar su competitividad, disminuyendo los impuestos, hacen que los recursos utilizados en la educación fueran cada vez más escasos.
Esto agregado al hecho que los avances tecnológicos en la robotización jugó en contra del trabajo (para producir más es necesario más tecnología y menos trabajo), y las mejoras en las comunicaciones que permite a los capitales moverse de un lugar a otro del planeta en forma instantánea, proporcionan un grave desequilibrio en las fuerzas del capital y del trabajo, creando condiciones para un doloroso retroceso de los trabajadores.
Aparecen con fuerza fenómenos como el de la desocupación en gran escala y la necesidad de generar nuevos negocios para el capital, lo cual permite el surgimiento de proyectos mercantilizadores de los servicios educativos.
Vastos sectores buscan en el sistema educativo una alternativa para no caer en la escala social, lo que produce a su vez generalizadas devaluaciones de las acreditaciones, el consiguiente desprestigio de la actividad escolar, y pérdida de nivel de la calidad educativa.
Cabe destacar, por otra parte, que la desaparición del Estado Benefactor, tomó en América Latina características distintas que en los países europeos. Su desaparición se produce sin haber cumplido con sus objetivos y además en Europa no se cuestionó la intervención del Estado en temas sociales, sólo su aspecto Keynesiano.
La concentración del poder económico, el aumento de la desigualdad social y la anomia en los comportamientos sociales respecto al cumplimiento de las normas, inclusive las legales, serían las principales consecuencias de este proceso.
El sistema educativo hoyEn la actualidad nos encontramos insertos en un mundo unipolar, afectado por grandes cambios de orden tecnológico que cambian las costumbres y las relaciones interpersonales. Ante esa realidad, ¿qué posición adopta el sistema educativo?, ¿están las escuelas a la altura que las circunstancias exigen?, ¿cómo responden a las demandas de la sociedad?, ¿ayuda a democratizar el orden social, o mas bien lo legitima, lo conserva?
El sistema social, debido a las transformaciones en las comunicaciones y en la robótica, ha aumentado fuertemente su tendencia a la exclusión, con enormes cantidad de personas quedando fuera del sistema, que a su vez hizo crecer la demanda de capacitación, provocando una mayor competencia por el acceso a los bienes culturales.
Esa mayor competencia provocó a su vez una devaluación de las credenciales que el sistema educativo otorga, en especial las del sistema educativo provincial. Es evidente que el título secundario cayó en un severo desprestigio.
Ante esta situación, ¿qué sucede con nuestras escuelas?, desde una óptica sociológica nos encontramos con un sistema inequitativo, que reproduce las diferencias sociales, y con bajo rendimiento escolar.
En síntesis, estamos frente a un problema que debe ser afrontado por la sociedad toda, debiendo el Estado adoptar políticas que estimulen a todos los sectores de la población a contribuir a una mejora y reconversión del sistema.
Desafíos del Sistema Provincial de Educación para el fortalecimiento de las instituciones mediante una gobernabilidad democrática sostenidaLa realidad tiene numerosos planos, que son interdependientes ¿Por que? Fundamentalmente porque se trata de una situación ecológica. Hay que actuar sobre algunos factores para producir mejorías, por lo que sugerimos las siguientes acciones:
Instalar en la sociedad la temática educativa. La tarea de un mejoramiento general de las instituciones escolares escapa a las posibilidades de algún grupo determinado, y por su grado de complejidad, es imprescindible que la sociedad toda asuma la responsabilidad que le cabe, considerando a su vez que la educación es por sobre todas las cosas un derecho humano.
Educar para Inclusión y equidad social. El aumento de la desocupación y la pobreza genera en los grandes centros urbanos un peligro de anomia. Los sectores recientemente pauperizados habían alcanzado un cierto nivel de participación en los servicios, que ahora han perdido
En dirección a esto la escuela debe cumplir una función irreemplazable en torno a la cohesión social como a la igualdad de posibilidades.
Es imprescindible distribuir equitativamente los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la integración social, frente a las tendencias excluyentes provenientes del mercado y además proveer a todos los ciudadanos de los elementos mínimos para posibilitar su inclusión social.
Aumentar el nivel de calidad y equidad. Es necesario estimular en los establecimientos educativos, la capacidad de autoevaluación, y convertir a la calidad educativa en el camino a seguir. Además un sistema es equitativo en la medida que todas las personas tengan acceso a todos los servicios educativos, en la misma cantidad de tiempo. En este aspecto le cabe al nivel central una especial responsabilidad para dotar a las escuelas de los planes y herramientas para lograr las mejorías, en especial revertir deserción y repitencia.
Prestar atención al malestar docente. Los profesionales de la Educación se ven afectados por la insuficiencia de las remuneraciones y la pérdida de prestigio social de la actividad. Esto, sumado muchas veces con exigencias que sobrepasan las posibilidades, conlleva a una situación de stress docente que imposibilita un armónico desarrollo laboral.
Democratización del sistema. Las relaciones entre los diversos sectores involucrados en la escuela poco ha cambiado en estos últimos 50 años. La realidad exige un mayor nivel de compromiso a todos, y es posible lograrlo siempre que partamos de una mayor democratización del sistema. Esto implica renovar los códigos de convivencia escolar y educar para la democracia y la participación plena.
Capacitar para el trabajo. La educación es ante todo un derecho social, pero además existe una exigencia de preparar al ciudadano para sus futuros desempeños en la sociedad. La escuela debe tomar cartas en el asunto.
Aportar a la consolidación de la identidad nacional y provincial. En un contexto donde otros mecanismos socializadores, como los medios de comunicación masivos, no garantizan la construcción de una identidad nacional, frente a la universalización de los códigos, la escuela debe hacer un importante aporte frente a ese problema, rescatando los valores positivos, que ayudan a conseguir objetivos, y alertándonos en los aspectos negativos.
Promover la colaboración con otros estamentos gubernamentales. No sólo establecer cooperación con las fuerzas de seguridad y de salud pública, sino afianzar los lazos con los planes de inclusión social y de seguridad comunitaria, a los efectos de lograr una armónica inserción de estos, que redundaría no solo en un verdadero “empoderamiento” de los sectores más relegados, sino que también la escuela se vería enriquecida con su participación como ciudadanos. Es de vital importancia aunar esfuerzos con organismos de las distintas administraciones, Nacional, Provincial y Municipal, para el logro de distintos objetivos.
Eliminar de la provincia el analfabetismo. No se puede aceptar que en el S XXI aun haya analfabetos en la provincia. Esto implica movilizar todas las potencialidades existentes en la provincia para lograr la erradicación de este mal. Para este punto, la solidaridad es el camino, y ha tenido éxito en muchos lugares.
Actualizar todas las leyes y normas que reglamentan la actividad educativa. Ante el surgimiento de un nuevo contexto derivado de la realidad nacional, sumado a deficiencias detectables en la legislación actual y vacíos en la normativa que rige a las escuelas, es urgente lograr un consenso para permitir un más adecuado funcionamiento de las instituciones.
En síntesis, para poder avanzar en el cumplimiento de estas exigencias, es necesario, una variada gama de actividades a desarrollar primordialmente por los más altos niveles de conducción del Estado, en especial la de estimular a la ciudadanía a la participación y compromiso democrático, de esta manera, con justicia, seguramente se posibilitará no solamente una mejor escuela, sino el respeto y adhesión a las instituciones democráticas, logrando así el tan ansiado fortalecimiento.
